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El pasado 11 de junio, en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) en Buenos Aires, se constituyó oficialmente la Federación Iberoamericana de Derecho de la Construcción (Fidec), integrada por instituciones de Argentina, Brasil, Chile, España, Perú y Uruguay.

Esta nueva entidad nace con el objetivo de coordinar esfuerzos entre los distintos organismos locales de derecho de la construcción, fomentando la colaboración interdisciplinaria en la región. También busca reunir a actores del ámbito público y privado para compartir experiencias, intercambiar buenas prácticas y promover medidas que ya han demostrado su efectividad en otros países.

Durante la ceremonia de constitución, además, se designó al socio fundador del estudio Molina Ríos Abogados, Víctor Ríos, como presidente de la Fidec. En conversación con DF, Ríos recalcó que el objetivo central de la federación será contribuir a una mayor eficiencia y productividad en el desarrollo de proyectos de infraestructura, clave para el crecimiento económico de los países iberoamericanos.

“Chile tiene sobrecostos muy grandes en plazos y en costos por tener modelos de contrato que no son eficientes, y eso hay que decirlo con todas sus letras, porque es lo que está afectando la gestión de la infraestructura”.

“Queremos nivelar hacia arriba. A partir del intercambio entre los distintos miembros, esperamos homologar las mejores prácticas y modelos de gestión. Todos los países tienen algo que aportar”, afirmó Ríos.

– ¿Qué cree que aportará cada país?
– Perú, por ejemplo, aportará con la innovación con la que trabaja en sus proyectos. Hoy en día ellos aplican contratos balanceados, colaborativos, que tienen algún grado de flexibilidad para irse adaptando a las circunstancias del momento y para gestionar tempranamente las controversias. Tienen mecanismo de resolución temprana en los contratos incluso de obra pública; lo que termina siendo más barato y menos costoso. Tenemos el caso de Uruguay que ha avanzado mucho en grandes proyectos; y el de Argentina con desarrollos vinculados a gas y al hidrógeno verde. También está España, que nos lleva la delantera en la normativa de gestión de proyectos, con una Ley General de Contratación, que es un anhelo que tenemos en Chile. Está Brasil, que tiene una vasta experiencia en megaproyectos. Y Chile con las concesiones de obras públicas y el mundo minero. Pero como país en algunos sectores nos hemos ido quedando atrás

– ¿En qué sentido?
– Nos falta atrevernos a liderar cambios y a entender mejor que existe una necesidad de ser más eficientes en la gestión de infraestructura y en la resolución temprana de las controversias. Para eso tenemos que modernizar los marcos normativos y los modelos de contratos. Salvo las concesiones de obras públicas, y experiencias positivas como las de BHP en el sector minero, en general estamos atrasados en identificar los mejores mecanismos en gestión de proyectos. Y no hay que inventar la rueda, se aplica con éxito en otros.

– ¿Cómo impacta esto?
– En costos y plazos. Si uno analiza todo lo que el Estado de Chile tiene que pagar a los concesionarios o a los contratistas por extensiones de plazo, por no tomar las decisiones a tiempo, las cifras son históricamente astronómicas.

– ¿Qué se puede sumar?
– Hay contratos que de por sí dan más certeza y seguridad a las partes, en el sentido de que, no obstante la controversia que puedan tener, ésta se va a resolver durante la ejecución del proyecto en forma temprana. Y si no logra resolverse, hay mecanismos de resolución de disputas que no son eternos en el tiempo, como los contratos NEC que están utilizando en Perú.

Chile tiene proyectos estratégicos que se han demorado mucho en ejecutarse que no están bajo modelos modernos, como el Puerto San Antonio, pudiendo estarlo. Chile no solamente se demora en tomar la decisión de ejecutar, sino que al momento de ejecutar lo hace de forma tradicional y los proyectos terminan siendo más costosos y lentos.

IMPLEMENTACIÓN

– ¿Es fácil implementar estos nuevos contratos?
– La decisión final es del propietario, del mandante, sea público o privado. Pero no es difícil. Por ejemplo, los contratos del Ministerio de Obras Públicas están bajo el Decreto Supremo 75, que regula los contratos de obras públicas directas, no de concesiones.

– ¿Qué dice el MOP?
– Durante mucho tiempo se le han planteado cambios al MOP en esa materia, durante varios gobiernos, y no los atienden. Y yo creo que eso es un error fundamental, porque hay que entender que todos esos cambios van en beneficio del interés público también. Chile tiene sobrecostos muy grandes en plazos y en costos por tener modelos de contrato que no son eficientes, y eso hay que decirlo con todas sus letras porque es lo que está afectando la gestión de la infraestructura.

– ¿Por qué todavía no llega este cambio a Chile?
– Yo estoy convencido de que una parte de eso es por la fortaleza de nuestro sistema financiero local, aunque aparezca como un contrasentido. Históricamente Chile ha tenido un sistema financiero muy profundo, donde los grandes proyectos de infraestructura, de concesiones y de obras en general se financian por la banca local. Y ello hace que no se requiera usualmente modelos de financiamiento de afuera, como el BID o la CAF. Estos bancos usualmente exigen como condición para financiar que los proyectos de infraestructura sean gestionados a través de estos modelos contractuales modernos y estandarizados, como los Fidic. Si no se ocupan esos modelos, simplemente no hay financiamiento. Eso probablemente ha impedido que Chile avance en innovación contractual más moderna y eficiente.

Fuente: Diario Financiero, 30 de Junio de 2025

El sector de la construcción en Chile atraviesa una de sus etapas más complejas en décadas. No sólo debe lidiar con una economía contraída y un al za sostenida en los precios de materiales, sino que además se ve enfrentado a un panorama normativo en transformación, donde los permisos, las disputas contractuales y la intervención del Estado juegan un rol cada vez más decisivo. ¿Qué desafíos legales son más comunes en el ciclo de vida de un proyecto de construcción en Chile actualmente? La crisis actual del sector de la construcción no puede atribuirse a un único factor, sino a una combinación de condiciones económicas adversas y un entorno regulatorio complejo.

Cuando el financiamiento es escaso y costoso, y los precios de los materiales están en alza, como es el caso actualmente, los márgenes de los proyectos se ven severamente reducidos. Al añadir a esta ecuación la incertidumbre sobre los plazos de aprobación y la posibilidad de cambios regulatorios inesperados, el riesgo general de un proyecto se incrementa exponencialmente.

Durante la ejecución del proyecto, su viabilidad muchas veces depende de la capacidad de las partes para resolver sus divergencias de manera anticipada, evitando poner en riesgo su continuidad. Contar con mecanismos adecuados para ello resulta esencial.

Para la distribución de las pérdidas en un proyecto – en caso de que ellas se generen-, es indispensable contar con un mecanismo eficaz de resolución de disputas, lo que en términos prácticos, y en vista de la sobrecarga del poder judicial, debería significar un recurso al arbitraje.

¿Qué actores legales y contractuales deben considerarse clave al momento de iniciar un proyecto de infraestructura pública o privada? El inicio de un proyecto de infraestructura se ve afectado por un conjunto de disposiciones legales que transforman a los órganos estatales y municipales en actores centrales del proyecto.

Actualmente, se espera un impacto positivo de la Ley Nº 21.718 en cuanto a la agilización de permisos de construcción. La introducción de plazos definidos, la publicidad de los permisos de construcción, el silencio administrativo negativo, buscan reducir la burocracia. La aplicación de esta Ley implica una inversión en digitalización y capacitación de los funcionarios municipales y de las Direcciones de Obras. Esto es fundamental para el éxito de los procesos de construcción.

A su vez, el proyecto de Ley Marco de autorizaciones sectoriales establece principios básicos para agilizar los trámites de permisos en el país. La Ley Marco agrupa todas las autorizaciones sectoriales en 6 tipologías, aplicando a cada grupo normas procedimentales, el plazo máximo de tramitación y el efecto del silencio administrativo. Otra innovación es la posibilidad de que los titulares de proyectos sustituyan ciertos permisos por una declaración jurada o un aviso, con sanciones en caso de un mal uso de esta técnica. Sin embargo, los cambios no van a ser de implementación rápida, por lo que las limitaciones burocráticas seguirán jugando un papel importante.

¿Qué avances ha tenido Chile en cuanto a regulación contractual de obras respecto a estándares internacionales?

Recientemente, Chile se ha visto beneficiado por varios préstamos otorgados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo con el propósito de mejorar la infraestructura del país, desarrollar el hidrógeno verde y facilitar la transición a una economía descarbonizada.

El financiamiento de las agencias multilaterales habitualmente supone que los proyectos financiados se rigen por contratos modelo de la lnternational Federation of Consulting Engineers (FIDIC, por su sigla en francés). La principal característica de estos contratos es equilibrar de forma razonable los riesgos entre las partes, proporcionando soluciones claras, de estructura predecible y aceptación global.

Con ocasión de los préstamos internacionales deberíamos esperar la aparición de estos contratos en la práctica nacional, lo que permitirá una mejora en los estándares de regulación de los proyectos en Chile. Especialmente en un ambiente de incertidumbre económica y regulatoria, resulta esencial lograr una distribución adecuada de los riesgos contractuales para evitar su asignación a la parte con menor poder de negociación. Otra ventaja indudable de estos contratos modelos consiste en la inclusión de los mecanismos como los Dispute Avoidance Adjudication Boards (DAAB) y pasos escalonados tendientes a la resolución anticipada y técnica de controversias, antes de recurrir al arbitraje.

Fuente: Negocio y Construcción, Junio 2025

En la última asamblea general de socios (realizada en mayo pasado) se renovó la mesa directiva de la Sociedad Chilena de Derecho de la Construcción, la cual durará un período de tres años.

El nuevo directorio está encabezado por la abogada Elina Mereminskaya como presidenta, Rodrigo Riquelme como vicepresidente, Francisca Rochet como tesorera, Juan Ignacio Peña como secretario, y Ricardo Fierro, Fernando Samaniego y Alfonso Izquierdo, como directores.

La mesa electa resaltó y agradeció la gestión de la directiva saliente, en especial a su presidente, el abogado Víctor Ríos, a quien se le encomendó representar a la SCHDC en la constitución de la Federación

Iberoamericana de Entidades de Derecho de la Construcción, cuya acta fundacional y lanzamiento formal se realizará el día 12 de junio en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

De acuerdo a lo informado a Diario Financiero, la nueva directiva se propuso profundizar las actividades de discusión y formación para sus socios, seguir creciendo e incorporar nuevos integrantes, ir consolidando representantes de la SCHDC en regiones, “seguir siendo un referente en la academia aportando con nuevos diplomados o magister en derecho de la construcción, fomentar la investigación en estas materias, y seguir profundizando la alianza y cooperación pública y privada, participando activamente y aportando en las políticas públicas y nuevas legislaciones que digan relación con estas materias, incluyendo concesiones, infraestructura, permisos, solución de controversias, normas técnicas, contratos colaborativos, entre otros”, precisó la nueva mesa.

Desde la Sociedad Chilena del Derecho de la Construcción celebramos con entusiasmo la creación de la Federación Iberoamericana de Derecho de la Construcción (FIDEC), una iniciativa que marcará un antes y un después en el fortalecimiento de nuestra disciplina a nivel regional.

Queremos felicitar especialmente a nuestro expresidente Víctor Ríos Salas, quien ha sido designado como presidente fundacional de la FIDEC por un período de dos años. Su nombramiento es un reconocimiento a su destacada trayectoria, liderazgo y permanente compromiso con el desarrollo del Derecho de la Construcción en Chile y en Iberoamérica.

¡Estamos muy orgullosos de ser parte de esta alianza regional que abre nuevas oportunidades de colaboración, formación e integración profesional!

Charla inaugural: Mejores prácticas para la administración de contratos de construcción.

Panel I: Casos frecuentes en los Disputes Boards y la casuística relevante en los mismos ¿Cuáles son las controversias recurrentes que se someten a un DB? Su aplicación actual en proyectos de infraestructura en CR

Panel II: La labor del Ingeniero (Preparar los respaldos o la información para que esté ordenada y clara en el caso de futuras controversias)

Panel III: Las decisiones de la CRC o Dispute Boards. ¿Cómo se ejecutan? ¿Qué pasa en caso de incumplimiento?

Panel IV: Mediación y dispute boards para la solución de conflictos en proyectos de construcción

Panel V: Ley General de Contratación Pública y mecanismos de solución de controversias.