El pasado 11 de junio, en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) en Buenos Aires, se constituyó oficialmente la Federación Iberoamericana de Derecho de la Construcción (Fidec), integrada por instituciones de Argentina, Brasil, Chile, España, Perú y Uruguay.
Esta nueva entidad nace con el objetivo de coordinar esfuerzos entre los distintos organismos locales de derecho de la construcción, fomentando la colaboración interdisciplinaria en la región. También busca reunir a actores del ámbito público y privado para compartir experiencias, intercambiar buenas prácticas y promover medidas que ya han demostrado su efectividad en otros países.
Durante la ceremonia de constitución, además, se designó al socio fundador del estudio Molina Ríos Abogados, Víctor Ríos, como presidente de la Fidec. En conversación con DF, Ríos recalcó que el objetivo central de la federación será contribuir a una mayor eficiencia y productividad en el desarrollo de proyectos de infraestructura, clave para el crecimiento económico de los países iberoamericanos.
“Chile tiene sobrecostos muy grandes en plazos y en costos por tener modelos de contrato que no son eficientes, y eso hay que decirlo con todas sus letras, porque es lo que está afectando la gestión de la infraestructura”.
“Queremos nivelar hacia arriba. A partir del intercambio entre los distintos miembros, esperamos homologar las mejores prácticas y modelos de gestión. Todos los países tienen algo que aportar”, afirmó Ríos.
– ¿Qué cree que aportará cada país?
– Perú, por ejemplo, aportará con la innovación con la que trabaja en sus proyectos. Hoy en día ellos aplican contratos balanceados, colaborativos, que tienen algún grado de flexibilidad para irse adaptando a las circunstancias del momento y para gestionar tempranamente las controversias. Tienen mecanismo de resolución temprana en los contratos incluso de obra pública; lo que termina siendo más barato y menos costoso. Tenemos el caso de Uruguay que ha avanzado mucho en grandes proyectos; y el de Argentina con desarrollos vinculados a gas y al hidrógeno verde. También está España, que nos lleva la delantera en la normativa de gestión de proyectos, con una Ley General de Contratación, que es un anhelo que tenemos en Chile. Está Brasil, que tiene una vasta experiencia en megaproyectos. Y Chile con las concesiones de obras públicas y el mundo minero. Pero como país en algunos sectores nos hemos ido quedando atrás
– ¿En qué sentido?
– Nos falta atrevernos a liderar cambios y a entender mejor que existe una necesidad de ser más eficientes en la gestión de infraestructura y en la resolución temprana de las controversias. Para eso tenemos que modernizar los marcos normativos y los modelos de contratos. Salvo las concesiones de obras públicas, y experiencias positivas como las de BHP en el sector minero, en general estamos atrasados en identificar los mejores mecanismos en gestión de proyectos. Y no hay que inventar la rueda, se aplica con éxito en otros.
– ¿Cómo impacta esto?
– En costos y plazos. Si uno analiza todo lo que el Estado de Chile tiene que pagar a los concesionarios o a los contratistas por extensiones de plazo, por no tomar las decisiones a tiempo, las cifras son históricamente astronómicas.
– ¿Qué se puede sumar?
– Hay contratos que de por sí dan más certeza y seguridad a las partes, en el sentido de que, no obstante la controversia que puedan tener, ésta se va a resolver durante la ejecución del proyecto en forma temprana. Y si no logra resolverse, hay mecanismos de resolución de disputas que no son eternos en el tiempo, como los contratos NEC que están utilizando en Perú.
Chile tiene proyectos estratégicos que se han demorado mucho en ejecutarse que no están bajo modelos modernos, como el Puerto San Antonio, pudiendo estarlo. Chile no solamente se demora en tomar la decisión de ejecutar, sino que al momento de ejecutar lo hace de forma tradicional y los proyectos terminan siendo más costosos y lentos.
IMPLEMENTACIÓN
– ¿Es fácil implementar estos nuevos contratos?
– La decisión final es del propietario, del mandante, sea público o privado. Pero no es difícil. Por ejemplo, los contratos del Ministerio de Obras Públicas están bajo el Decreto Supremo 75, que regula los contratos de obras públicas directas, no de concesiones.
– ¿Qué dice el MOP?
– Durante mucho tiempo se le han planteado cambios al MOP en esa materia, durante varios gobiernos, y no los atienden. Y yo creo que eso es un error fundamental, porque hay que entender que todos esos cambios van en beneficio del interés público también. Chile tiene sobrecostos muy grandes en plazos y en costos por tener modelos de contrato que no son eficientes, y eso hay que decirlo con todas sus letras porque es lo que está afectando la gestión de la infraestructura.
– ¿Por qué todavía no llega este cambio a Chile?
– Yo estoy convencido de que una parte de eso es por la fortaleza de nuestro sistema financiero local, aunque aparezca como un contrasentido. Históricamente Chile ha tenido un sistema financiero muy profundo, donde los grandes proyectos de infraestructura, de concesiones y de obras en general se financian por la banca local. Y ello hace que no se requiera usualmente modelos de financiamiento de afuera, como el BID o la CAF. Estos bancos usualmente exigen como condición para financiar que los proyectos de infraestructura sean gestionados a través de estos modelos contractuales modernos y estandarizados, como los Fidic. Si no se ocupan esos modelos, simplemente no hay financiamiento. Eso probablemente ha impedido que Chile avance en innovación contractual más moderna y eficiente.
Fuente: Diario Financiero, 30 de Junio de 2025
